EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (1)

Algunos —quizá por ignorancia, quizá por ingenuidad o simpleza— se preguntan por qué están los padres tan agitados con esta nueva asignatura curricular. Les animamos a leer esta síntesis y entenderán mejor la preocupación de padres, madres y educadores.

Como se sabe, la Educación para la ciudadanía está configurada en la ESO por dos materias: la “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” (cursos 1º-3º), y la “Educación ético-cívica" (curso 4º). Cualquier análisis de los contenidos de esta asignatura admite diferentes enfoques, unos más superficiales y otros más profundos. Pero hay un enfoque previo y de orden más sustancial que cualquier otro y que es el elegido precisamente por este Informe. Va al núcleo de la cuestión: “¿son legítimos los contenidos de la asignatura?, ¿respetan los derechos y libertades más básicos, como son la libertad ideológica en la escuela y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones morales?, ¿responden verdaderamente a las atribuciones que el Poder Político puede y debe asumir legítimamente con relación a los ciudadanos?”

Se trata de examinar si la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía se limita a "promover la convivencia y la ciudadanía democrática", difundiendo para ello los valores consagrados en la Constitución, o si realmente va más allá de dicha finalidad, invadiendo la formación de la conciencia moral de los alumnos, cuya responsabilidad es de los padres y en ningún caso del Estado, obligado a mantener una posición de neutralidad ideológica en el ámbito de la educación.

La democracia requiere un cierto grado de consenso en torno a los valores básicos -libertad, pluralismo, derechos humanos, imperio de la ley...- que garantice la subsistencia del modelo. ¿A quién puede extrañar que el sistema educativo contribuya a sostener tan noble causa? Convendría insistir aún más en la conveniencia de que la educación para la ciudadanía democrática fuera objeto de cualquier actividad educativa, formal y no formal, desarrollada por todos los agentes sociales, no sólo en el sector público.

Se dice que el fin de la asignatura Educación para la ciudadanía (EpC) es educar a los alumnos en el "mínimo común ético" obligatorio, con independencia de las creencias o valores de los padres. El Ministerio de Educación declara que esta asignatura debe implantarse en España porque la Unión Europea lo exige. Sin embargo, la UE sólo recomienda su establecimiento. Por eso en Suecia no existe; Austria sólo la imparte en Formación Profesional y en Noruega se titula "Cristianismo, religión y ética", ya que es un país confesional luterano. Proclama el Gobierno -y es una verdad a medias- que esta disciplina ya se imparte en el resto de Europa. En Europa lo que se imparte es una formación cívica sobre principios constitucionales e instituciones del Estado, ya que la materia nació como un complemento a la educación de los inmigrantes desconocedores de cómo funciona la democracia. Es decir, transmite conocimientos, pero ni los interpreta ni exige adhesión personal. En España, sin embargo, EpC quiere convertir una ética particular en universal mientras ataca creencias sobre la familia, la persona y la vida. Lo hace porque esa asignatura se basa en dos principios: la verdad no existe (relativismo moral) y la ley es el único referente ético (positivismo jurídico).

Como es bien sabido, el ejecutivo socialista ha reiterado el mensaje de que “hay que apoyar esta asignatura, porque contiene los valores cívicos que fundamentan la democracia. Parece esencial —no sólo en esta cuestión, sino en todo lo que es importante— distinguir bien los conceptos, sin dejarse engañar por los “mensajes ideológicos”, por mucho que se repitan en la calle y en los medios.  Ese manido estribillo puede ser auténtico o puede ser una falacia, según qué valores cívicos se presenten a los alumnos como supuestos “fundamentos de la democracia”. Si se enseña a vivir auténticas virtudes humanas y valores cívicos —solidaridad, justicia, veracidad, tolerancia, respeto mutuo, sobriedad, etc.—, esa asignatura tendrá un efecto positivo en la educación de los futuros ciudadanos. Pero si, por el contrario, lo que se presenta como valores fundamentales para la democracia son aberraciones — debilitamiento de la institución del matrimonio, ataques a la institución familiar , falta de respeto a la vida llamando logro democrático al aborto o a la eutanasia, etc.—, entonces de ningún modo puede considerarse que tenga un efecto positivo, sino que será un nefasto “experimento ciudadano”.  

En una democracia verdadera, es razonable y muestra de salud ciudadana que haya sectores de la sociedad que disientan activamente de algunas pretensiones del gobierno. Así ocurre ahora en España. Se aprecia en una parte de la sociedad un creciente rechazo contra la voluntad de imponer a nuestros hijos una pretendida "Educación para la ciudadanía".  La asignatura ‘Educación para la ciudadanía' se presenta como una materia ‘neutral', que respeta las opiniones de los alumnos y fomenta un mínimo común ético aceptable por todos. La asignatura se ha calificado de “muy pertinente” y que “todas las sociedades transmiten valores, a través de la educación”; que la finalidad de la asignatura es “formar conciencias libres”, educando a los alumnos con el “mínimo común ético de todos los ciudadanos, no sólo desde el punto de vista teórico, sino práctico. La palabrería barroca no puede encubrir la verdadera naturaleza de este proyecto: el análisis de los contenidos hace ver que hay manipulación ideológica y que se pretende otra cosa distinta de enseñar simplemente civismo. En realidad detrás de ella se esconde el deseo de generar una nueva mentalidad que, más que neutral, es unificadora.

El Gobierno pretende jugar la carta europea. El Consejo de Europa aprobó en 2002 una recomendación según la cual la educación para la ciudadanía democrática debe ocupar un lugar prioritario en la reforma y ejecución de las políticas educativas. La lectura del documento europeo permite calibrar la notable diferencia de fondo y de forma respecto de los textos españoles. Lo que preocupa al Consejo de Europa es la apatía política y civil y la falta de confianza en las instituciones democráticas, la corrupción, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo violento, la intolerancia ante las minorías, la discriminación y la exclusión social, elementos que representan todos ellos una importante amenaza a la seguridad, estabilidad y crecimiento de las sociedades democráticas. Las referencias a fundamentos ético-morales brillan por su ausencia y el mundo afectivo-emocional no aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía democrática. Por otra parte, no parece que la responsabilidad de transmisión de las mencionadas competencias a los ciudadanos haya de reposar, poco menos que en exclusiva, sobre el sistema educativo. La educación para la ciudadanía democrática es tarea de toda la sociedad y en especial, precisa el Consejo de Europa, de la familia. La búsqueda del pasaje paralelo en los textos españoles resulta infructuosa.

En todas la democracias normales y corrientes la educación cívica se refiere a cuestiones del ámbito público, tales como el conocimiento de la constitución, la historia patria, la solidaridad entre los ciudadanos, la urbanidad cívica o civismo, la necesidad de pagar los impuestos justos, la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia, y asuntos de este tipo. En ninguna democracia liberal se incluyen en esta vertiente formativa las concepciones más profundas y personales. Si se intenta, el tufo a totalitarismo y manipulación es inevitable. De ahí la lógica indignación de muchos españoles cuando entre nosotros se pretende abordar oficialmente temas como la condición humana, la identidad personal, la dimensión afectivo-emocional, la ideología de género, la democracia en la escuela o el pleno reconocimiento y protección de la homosexualidad. Intromisión y adoctrinamiento se llama esta figura.

Aparentemente, el gobierno pretende seguir las directrices del Consejo de Europa, en el sentido de dar prioridad en la política educativa a una educación para la ciudadanía democrática. Pero eso sólo es una apariencia, porque hay una distinción esencial en el contenido.  Lo que preocupa al Consejo de Europa es la apatía política de los ciudadanos y su desconfianza de los gobernantes. Nada hace referencia a fundamentos éticos, ni el mundo afectivo-emocional aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía. En cambio, la educación para la ciudadanía que pretende el ejecutivo socialista español entra indebidamente en cuestiones de muy hondo calado moral. Entre otros: profundizar “en los principios de la ética personal y social”, ”construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas”, etc. ¿Quién es el Gobierno para expropiar y sustituir a los padres en su derecho fundamental a decidir con qué criterios morales desean formar a sus propios hijos?.

La actual educación para la ciudadanía no puede ocultar que es hija de un poder adornado con ribetes de laicismo, que tiende a una interpretación exclusivista y autoritaria del «mínimo común ético constitucionalmente consagrado», en lugar de reconocer los derechos de libertad ideológica y religiosa de las personas y favorecer su libre ejercicio. El legislador parece comprender que una lectura sin prejuicios puede razonablemente conducir a la conclusión de que el sentido de la educación para la ciudadanía es contribuir a establecer, con patrocinio estatal, un código ético alternativo o a crear una nueva conciencia social, mejor acomodada a la realidad legal. La educación para la ciudadanía es una hermosa criatura, pero, en España, ha venido al mundo con pecado original.