La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación (2)

Su incidencia en determinados ámbitos: social, educativo, religioso,…

A través de diversos artículos aparecidos en la prensa enmarcamos el contexto de la futura ley de trato, su interpretación, significado e incidencia en diversos ámbitos de nuestra vida.  

En un primer artículo J.L. Requero hace referencia a la Directiva antidiscriminación de la Unión Europea, antecedente del proyecto de ley que ahora se elabora en España. Eugenio Nasarre hace una interpretación del mismo, considerándolo como un eslabón más del proyecto de “ingeniería social” que el socialismo español tiene para España, subrayando su finalidad ideológica. Su incidencia en el ámbito educativo (condicionando la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos) y su posible incidencia en otros ámbitos privados complementan el panorama.

De la lectura de dichos artículos se desprende que corren tiempos recios para la libertad en España y exigen una actitud alerta y comprometida de la ciudadanía.  Todo este diseño está destinado a imponer en la sociedad, con el grado de coacción que resulte necesario, unos cánones de comportamiento que afectarán tanto a nuestras vida social como a nuestra vida privada.

Algunos aspectos de la futura ley: Bastará con que  alguien se sienta discriminado para que sea el demandado quien deba demostrar que no discrimina. Bastará que el discriminado alegue que sufre un trato intimidatorio, humillante, ofensivo para que el demandado deba dar  explicaciones. («Inversión de la carga de la prueba»). Además se prevé crear organismos públicos de control y que haya asociaciones que demanden a los discriminadores.  La vigilancia será selectiva y las actuaciones se concentrarán en aquellos aspectos de la vida que contribuyan a modelar la vida social conforme al diseño de sociedad  preestablecido por el poder.

Desde el poder se extiende una mentalidad de "gran hermano" que todo lo vigila y protege y “prohibicionista”, síntoma de que no entiende ni comprende la libertad. “Y si, como afirma Requero, quien nos gobierna no entiende ni comprende la libertad, el único instrumento que le queda para gobernar es la represión”.

Entre los artículos que a continuación presentamos se afirma: “El proyecto político de las últimas legislaturas socialistas ha sido inyectar ideología en dosis masivas y, al final, el balance no vendrá dado solamente por la situación política o económica que se deja, sino por el modelo de sociedad que se ha incoado: el de una sociedad inerte“.

1. LA EUROPA IGUALITARIA

La  Directiva europea, antecedente del actual anteproyecto de ley español, busca hacer de la igualdad una política «horizontal» para hacerla presente en todos los sectores de la vida, también la privada.

J.L. Requero, Magistrado

En ese artículo prometía tratar otra iniciativa preocupante. Me refería al proyecto de Directiva  antidiscriminación de la Unión Europea. Como el Informe McCafferty  es otra iniciativa que pasa desapercibida y recorta libertades. La cuestión es que si en la Unión Europea se ha legislado y mucho sobre la igualdad  y el Tribunal de Luxemburgo ha dictado sentencias relevantes en esta materia ¿qué añade el proyecto de directiva?. Por lo pronto que su ámbito ya no es el laboral ni, en general, la situación de la mujer. La  Directiva  es más ambiciosa: busca hacer de la igualdad, sin diferenciar situaciones, una política «horizontal» para hacerla presente en todos los sectores de la vida, también la privada.

Se me podrá decir ¿y eso es malo, acaso es buena la discriminación? Veamos, una cosa es luchar contra la discriminación por motivo de raza, religión, sexo u otra circunstancia y otra bien distinta que el Estado se  inmiscuya en las relaciones entre ciudadanos, contractuales o no, para  imponer una  idea indeterminada de igualdad. El proyecto tiene previsiones positivas y deja a salvo ámbitos como el educativo, en el que se permite diferencia de trato en el acceso a los colegios por razones confesionales y de convicción, pero  rezuma  un aire dirigista, alumbrado por burócratas, que pretende el control público de lo que, por ahora, es un ámbito intocable.

Se busca así un control del comportamiento económico y social de los ciudadanos con el fin de erradicar en esos comportamientos tratos discriminatorios, pero ¿qué es lo discriminatorio? No se concreta, sólo se dice que lo es todo aquello que haga que una persona se sienta objeto de un trato «menos favorable» por razón de raza, edad, religión o creencia, sexo u orientación sexual al que se añade el de discapacidad, pero se deja a cada cual la percepción de cuándo y por qué se siente discriminado.

Este plato fuerte viene acompañado de una guarnición nada desdeñable. Por ejemplo, prevé lo que en Derecho se llama «inversión de la carga de la prueba». ¿Qué es eso? pues que basta con que  alguien se sienta discriminado para que sea el demandado quien deba demostrar que no discrimina. Bastará que el discriminado alegue que sufre un trato intimidatorio, humillante, ofensivo para que el demandado deba dar  explicaciones. Y más guarnición porque se prevé crear organismos públicos de control y que haya asociaciones que demanden a los discriminadores o se les exijan «ajustes razonables». De esta manera el dueño de un establecimiento podría ser demandado si no lo alquila a una pareja homosexual para celebrar su boda o no tiene un menú por confesiones o en su hostal no hay habitaciones para personas discapaces, ámbito éste –el de la discapacidad– sumamente delicado y especialmente complejo a la hora de buscar el trato igual.

Que no haya discriminación por razón de raza, edad,  religión o creencia, sexo u orientación sexual o que se procure facilitar la vida a las personas con discapacidad, forma parte de nuestro acervo jurídico desde hace ya tiempo, como demuestra la existencia de medidas de acción positiva para ayudar a grupos desfavorecidos. Pero eso es una cosa y otra dictar una norma genérica sobre igualdad, sin matizar casos ni situaciones, alumbrando el derecho al trato igual que haga ilícito todo lo que una persona entienda subjetivamente que le discrimina o le hace de menos. Como señala el Observatorio Europeo para la Dignidad,  durante siglos la Justicia  viene entendiéndose  como  dar a cada uno lo suyo; ahora alguien desde Bruselas nos dice que es «dar a todos lo mismo»  y, además, en función del sentimiento personal de cada uno.

Fuente: http://www.larazon.es/noticia/8255-la-europa-igualitaria

2. LA LEY DE IGUALDAD DE TRATO: UNA AMENAZA A LA LIBERTAD

La ley de “igualdad de trato” es, en mi opinión, la mayor amenaza a la libertad que se cierne ante nosotros. Tenemos la obligación de desenmascararla, de desnudar su ropaje engañoso, de hacer ver sus intenciones y sus nefastas consecuencias para nuestra sociedad.

Eugenio Nasarre, diputado

Confieso que me ha provocado una inquietud pavorosa la lectura del texto del Gobierno sobre “igualdad de trato”, cuya finalidad ideológica está muy clara para quien no se ponga vendas. No es otra que transformar la sociedad, sus valores y modos de vida, con medios coactivos y por ello se inscribe perfectamente en el proyecto de “ingeniería social” impulsado por Zapatero. El de ahora da una vuelta de tuerca más, esta vez con la pretensión directa de domesticar a la sociedad española y someterla a unos parámetros de comportamiento, decididos y vigilados por un Estado que se hace omnipresente en nuestras vidas, bajo el señuelo que más ha fascinado, con distintos ropajes, al hombre contemporáneo: el señuelo irresistible de la igualdad.

Ya hace mucho tiempo, con palabras imperecederas, Tocqueville nos alertó sobre la clase de despotismo en el que podían caer las naciones democráticas, si no preservaban las condiciones en que se ejerce y florece la libertad. El temor es que sobre esas sociedades, describía Tocqueville:

“se eleva un poder inmenso y tutelar; pretende ser el único agente y el único árbitro de ella; provee a su seguridad y a sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, arregla sus sucesiones, divide sus herencias y se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir. De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encierra la acción de la libertad en un espacio más estrecho y quita poco a poco a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo. La igualdad prepara a los hombres para todas estas cosas, los dispone a sufrirlas y aun frecuentemente a mirarlas como un beneficio”.

Mi perplejidad nace al buscar sentido al concepto de “igualdad de trato” en las relaciones sociales, en la vida social. ¿Puedo tratar de forma igual a mi anciana madre que a mis nietos, que están dando los primeros pasos? A mi madre debo respeto y veneración, lo que es muy distinto del trato que dé a mis nietos, a los que tendré a veces que reprender y corregir, aunque lo haga con la moderación propia del abuelo. Lo que veo en la vida social es precisamente que está llena en su orden espontáneo de muchas “diferencias de trato”, derivadas de la diversidad de posiciones y funciones sociales y derivadas de tradiciones con sentido.

O “la igualdad de trato” se entiende exactamente lo mismo que “igualdad ante la ley”, principio éste consagrado en la Constitución y que forma parte del patrimonio jurídico de las democracias liberales… o hay gato encerrado. Si fuera lo primero, esta posible ley sería lo más inútil y superfluo que pudiéramos imaginar, ya que nuestro ordenamiento jurídico posee ya muy poderosos instrumentos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El primero de ellos es que toda ley que estableciera cualquier tipo de discriminación sería tachada de inconstitucional y sería expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, los jueces tienen encomendada la tutela de los derechos y libertades sin discriminación alguna. Una democracia libre no necesita más.

La llamada “igualdad de trato” encierra algo más, mucho más. Nos vende una sociedad en la que “nadie debe sentirse humillado” en sus relaciones con los demás, por cualquier circunstancia personal y social. ¿No obedece este propósito, una vez más, a la infernal pretensión de lograr el “paraíso en la tierra”, una nueva versión de lo que Camus llamó las “rebeliones prometeicas” del hombre contemporáneo? Porque la “igualdad de trato” se predica erga omnes, incluidas las relaciones que se desarrollan entre particulares. En cada empresa, en cada hospital, en los centros educativos, en los lugares públicos, en los centros de recreo, por doquier, nadie ha de recibir un trato que pueda considerar “intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador”. Y, si pertenece a un presunto “grupo minoritario”, deberá recibir incluso un trato preferente, en virtud del principio de la afirmative action, a favor de quienes están en desventaja, que consagra la ley. A la vista de la maldad de la condición humana y de tradiciones basadas en prejuicios, el Estado se erige, con la coacción que resulte necesaria, en definidor, vigilante, guardián y protector de esta “igualdad de trato”.

Y para ello se crea un órgano con el temible nombre de Autoridad para la igualdad de trato, nombrado por el Gobierno, con amplias facultades de vigilancia y de propuestas de sanción. Podrá intervenir de oficio o a petición de parte y podrá hacerse omnipresente en toda la vida social. Será una espada de Damocles que colgará sobre nuestras cabezas. Cualquiera que se sienta humillado, ofendido o no tratado como quisiera podrá denunciarlo ante la Autoridad. Y, como se establece la inversión de la carga de la prueba, será el presunto violador de la “igualdad de trato” el que tendrá que demostrar su conducta inocente. Lo normal será que su inocencia la tenga que demostrar dando siempre satisfacción al denunciante. Es decir, sometiéndose.

Pero aún hay más. Se otorga una posición privilegiada a las asociaciones “promotoras de la igualdad de trato” y defensoras de las minorías, que actuarán como agentes entusiastas cooperadores de la Autoridad en las funciones de vigilancia y denuncia. La Autoridad no necesitará de muchos agentes propios. Bastará la actuación de los lobbies “promotores de la igualdad de trato”, convertidos en entidades temibles, que trabajarán para evitar que haya personas descarriadas que opongan resistencia a las nuevas costumbres que se pretenden imponer.

Porque no podemos ingenuamente llamarnos a engaño. Todo este diseño, revestido de la fascinante para algunos (o para muchos) vestimenta de la “igualdad”, está destinado a imponer en la sociedad, con el grado de coacción que resulte necesario, unos cánones de comportamiento que afectarán a nuestras mores o costumbres (que encierran siempre una dimensión ética, pues no en vano la moral procede del vocablo mos). Está ello muy claro cuando el proyecto de ley establece (¡Dios mío!) nada menos que una “Estrategia Estatal” para la igualdad de trato.

La vigilancia será selectiva y se concentrarán las actuaciones en aquellos aspectos de la vida social que contribuyan a modelar la vida social conforme al diseño de sociedad y de parámetros “morales” preestablecidos por el poder. Cualesquiera mores que respondan a unos criterios de moralidad distintos a los establecidos por el poder deberán ser eliminados con las vías de coacción e intimidación que posibilita el proyecto de ley. La esperanza de los diseñadores del proyecto es que la sociedad española no ofrezca ya demasiada resistencia y que los focos de posible oposición sean doblegados con una mezcla de persuasión y coacción.

A tal fin el texto contiene una clara invitación a los medios de comunicación a cooperar en esta labor de persuasión y una clara amenaza a los que no lo hagan. Tendrán que respetar el derecho a la igualdad de trato “en el tratamiento de la información, en sus contenidos y en su programación”. O el artículo 22 del proyecto es un brindis al sol o es una gravísima limitación a la libertad de expresión, incompatible con los postulados constitucionales.

Una viuda que tenga una casita en el campo y que quiera alquilar unas habitaciones no podrá elegir a sus huéspedes por criterios relacionados con las mores. Podrá ser denunciada por violación de la “igualdad de trato”. Y obligada a clausurar esa fuente de su sustento, a no ser que se doblegue a este nuevo despotismo. Los medios de comunicación deberán cumplir su misión: airear el caso y afear y condenar por réproba y antisocial a la viuda.

Los profesores y centros educativos serán las primeras víctimas de este delirante proyecto. ¿Quién no puede ser objeto de denuncias por trato humillante o por sentirse ofendido, simplemente por exponer cánones de moralidad y modelos sociales (de familia, por ejemplo) con criterios de jerarquía, que se aparten de los cánones que se pretenden imponer? Sólo será compatible con esta ley una educación basada en el multiculturalismo y en el relativismo. El profesor que quiera defender criterios de moralidad, basados en las virtudes, podrá fácilmente ser acusado de hacer planteamientos discriminatorios para “grupos minoritarios” y los poderosos lobbies se ensañarán con él por inculcar doctrinas perniciosas y antisociales a los menores. El sometimiento de los colegios y profesores será objetivo preferente de esta estrategia.

La ley de “igualdad de trato” es, en mi opinión, la mayor amenaza a la libertad que se cierne ante nosotros. Tenemos la obligación de desenmascararla, de desnudar su ropaje engañoso, de hacer ver sus intenciones y sus nefastas consecuencias para nuestra sociedad. Habrá que evitar que este Gobierno, ya en fase agónica, consume este propósito liberticida.

Y, si lo lograra, el Partido Popular debe adquirir el firme compromiso de derogarla entre sus primeros actos.

Fuente: Páginas Digital http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/

ÁMBITO EDUCATIVO: LA LIBERTAD DE LOS PADRES PARA ESCOGER EL TIPO DE EDUCACIÓN QUE DESEAN PARA SUS HIJOS

3. CUESTIÓN DE LIBERTAD

El proyecto político de las últimas legislaturas ha sido inyectar ideología en dosis masivas y, al final, el balance no vendrá dado por la situación política o económica que se deja, sino por el modelo de sociedad que se ha incoado: el de una sociedad inerte.

José Luis Requero, Magistrado

No estoy dispuesto a hacerle perder un minuto de su tiempo intentando razonar o demostrar qué es mejor, si la educación mixta o diferenciada; es decir, qué es mejor: si llevar a nuestros hijos a colegios mixtos de niños y niñas o a colegios de niños por un lado y de niñas por otro. En mi caso mis hijos han ido y van a colegios diferenciados, pero tengo amigos que los llevan a colegios mixtos. Que recuerde, este tema jamás ha sido motivo no ya de discusión sino, simplemente, de charla.

La razón es obvia. Es algo que debe quedar a la entera decisión de las familias; no es más que una cuestión de libertad de enseñanza, tanto para los padres a la hora de elegir colegio como para los titulares de los colegios para hacer su oferta. Unos y otros deben tener abiertas todas las posibilidades. Así es como desde hace más de siglo y medio hemos venido funcionando. Son generaciones y generaciones las que han salido de colegios mixtos o diferenciados. Y no ha pasado nada.

En estos meses está dando sus primeros pasos el anteproyecto de ley de Igualdad de Trato. Allá por octubre, dediqué un artículo –«La Europa igualitaria»– al proyecto de Directiva Antidiscriminación de la UE. Criticaba el aire dirigista que rezuma, alumbrado por burócratas que pretenden el control público de lo privado. Expuse varios ejemplos de cómo con ese proyecto podría irse a un dirigismo asfixiante que alcanzase la vida cotidiana de cada ciudadano, incluidas sus relaciones personales.

Ahora llega la versión española con ese anteproyecto de ley de igualdad de trato. Como suele ser ya lo habitual, hay que ponerse en lo peor para acertar. Mientras que el proyecto de Directiva excluye expresamente el educativo, en el que se permite diferencia de trato en el acceso a los colegios por razones confesionales y de convicción, el texto español va dirigido directamente a ese ámbito y se excluye del sistema de conciertos a los colegios de educación diferenciada.

Es un paso más que, esta vez, se quiere que sea el definitivo. Ya la vigente Ley Orgánica de Educación, de 2006, apunta en esa dirección cuando indica que en el ámbito de la educación concertada para la admisión de alumnos, «en ningún caso habrá discriminación por razón» de sexo. Esta afirmación, en el fondo genérica, fue llevada a sus más irreflexivas consecuencias por algunas sentencias del Tribunal Supremo, que han hecho una reflexión de grueso trazado de lo que significa la discriminación, la libertad y la función del Estado; no caen en la cuenta de que el modelo educativo mixto o diferenciado nada tiene que ver con la discriminación por razón de sexo: es cuestión de libertad, de estimarla y tutelarla.

Vuelvo al comienzo. Un colegio mixto o diferenciado es algo espontáneo, forma parte de la libertad que hay que reconocer a la sociedad al ofertar opciones pedagógicas. Se me podrá decir que, de acuerdo, nada va a impedir que haya colegios diferenciados, pero no subvencionados y aquí está la cuestión. Los  poderes públicos están para fomentar esas manifestaciones plurales de la sociedad; el dinero de todos no puede emplearse para fomentar una concepción igualitaria de la sociedad en detrimento de la libertad de sus ciudadanos. Aparte de que quitar el concierto equivaldrá a cerrar esos colegios.

¿Significa esto que acaso no es discriminatorio impedir a un niño o a una niña entrar en un colegio, precisamente por razón de sexo? Les discriminaría si quedasen sin escolarizar o si los padres no pudiesen llevarlos al colegio de su libre elección –por cierto, otro aspecto de libertad para muchos inédito–, pero la experiencia demuestra que los titulares de colegios diferenciados tienen centros de niñas o niños en las mismas poblaciones. Con lo cual volvemos al principio: es cuestión de creer en la libertad.

(…) El prohibicionismo –en este caso, de hecho, de la educación diferenciada concertada– sufre de una patología trágica: que no entiende ni comprende la libertad. Y si quien nos gobierna no entiende ni comprende la libertad, el único instrumento que le queda para gobernar es la represión. La crónica política ha importado del baloncesto la expresión «minutos basura» por «meses basura» para señalar el tiempo que media hasta la convocatoria electoral, cuando de una legislatura ya agotada se trata. Vivimos unos meses basura peligrosísimos. Y hay dos medidas pendientes: la ley de igualdad de trato y la de libertad religiosa. El proyecto político de las últimas legislaturas ha sido inyectar ideología en dosis masivas y, al final, el balance no vendrá dado por la situación política o económica que se deja, sino por el modelo de sociedad que se ha incoado: el de una sociedad inerte.

Fuente: La Razón http://www.larazon.es/noticia/8197-cuestion-de-libertad

ÁMBITO RELIGIOSO

4. MÁS LIBRES: “La ley de Igualdad de Trato es una bomba de relojería contra los creyentes”

La plataforma "Más libres" denuncia que el proyecto de Ley dota al Estado de los instrumentos propios de los regímenes totalitarios.

REDACCIÓN HO.- “Como en los regímenes comunistas, el Estado podrá en España regular el funcionamiento de las iglesias si se aprueba el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación”, según la portavoz de MasLibres.org, Olga Cuquerella.

La discriminación por religión o creencias enunciada en el proyecto de Ley encubre la intromisión del Gobierno en las iglesias.

“Al regular el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo, o al establecer que no existe capacidad de organización propia ni siquiera en organizaciones privadas, la ley desarma a la sociedad civil y da al Estado los instrumentos necesarios para regular la organización interna de la Iglesia católica”, señala la portavoz de la plataforma por la defensa de la libertad religiosa.

Según el proyecto aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, “no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón” de sexo. Con este enunciado, el Estado queda facultado para entrar en todos los ámbitos privados.

“Quedan así amenazados los colegios concertados, los colegios privados católicos, las universidades católicas, las residencias de estudiantes, los colegios mayores regentados por órdenes religiosas, las cofradías, las hermandades, los seminarios y todas aquellas entidades que tengan un proceso de admisión y unos estatutos propios se convierten en potenciales víctimas de esta Ley, que les considera culpables de antemano”, denuncia Olga Cuquerella. 

El proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación abre la puerta al intervencionismo del Estado en ámbitos de la sociedad civil. Interviene en la regulación de organismos privados y afectará de manera relevante a las iglesias, con especial incidencia en la Iglesia católica.

En caso de ser aprobada por el Congreso a la vuelta del verano, como pretende el Gobierno del PSOE, es dudoso que la Ley pudiera aplicarse porque entraría en conflicto con los acuerdos firmados por España con el Vaticano. (…)

Fuente: www.maslibres.es